Por qué derogar el Art. 104 del Tratado de Maastricht

Artículo 104.

1. Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo “bancos centrales nacionales”, en favor de instituciones u organismos comunitarios, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales, u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o los bancos centrales nacionales.

 

Este artículo prohíbe, directamente, a los gobiernos nacionales y a cualquier otro organismo público recibir financiación de su Banco Central, por lo que estos tienen que recurrir necesariamente a los préstamos de los grandes bancos internacionales para costear todos los gastos del Estado.

El pequeño detalle que marca la diferencia entre ambos tipos de financiación es que, en nuestro caso, el Banco de España podría prestar al gobierno ese dinero sin interés (o con un pequeñísimo diferencial) y la Banca internacional lo hace a unos intereses que oscilan entre el 5, el 8 o incluso al 17%  ANUAL, como últimamente en el caso de Grecia. El pequeño detalle, el artículo 104, nos viene costando a todos los españoles unos 20.000 millones € al año

que se sacan del bolsillo de todos nosotros, vía impuestos, y van a parar directamente al bolsillo de grandes banqueros, ya que son los únicos autorizados a prestar dinero al Gobierno. Has leído bien. Unos 20.000 millones € al año. Concretamente, 23.200, el pasado 2010.  Ese dinero es en el PIB nacional más de siete veces lo que gastamos en Educación; la mitad de todo el presupuesto para Sanidad (3 veces el gasto de sanidad en la Comunidad de Madrid), dos veces la partida de I+D+I., o casi 20 veces lo destinado a Dependencia. Extraño, ¿no?

Cada vez que el Gobierno de España emite bonos (obligaciones u otros) del Estado, cuando “coloca” deuda, lo hace al interés que establecen las llamadas “Agencias de calificación de riesgos”, tales como Moody´s (“el inestable”, en inglés) o Stándars & Poors (“la clase media y los pobres”), instituciones financiadas por los mismos grandes bancos internacionales que van a comprar esa deuda. Todo el dinero que se les recortó a los pensionistas en 2010 ya ha sido engullido por el aumento de nuestros intereses  para ese mismo periodo porque estas Agencias así lo calificaron. 

El Artículo 104 del Tratado de Maastricht no sólo nos cuesta esa suma arbitraria y descomunal a cambio de nada, sino que permite a nuestros prestamistas exigir el grave deterioro del Estado de Bienestar al que asistimos con la excusa de que “los mercados no están tranquilos” y ven amenazados sus intereses.

Fue el maestro de secundaria francés, Etienne Chouard, el que resaltó la importancia del Artículo 104 cuando investigaba el gigantesco galimatías del Tratado de Maastricht. Su blog “Instituir una verdadera democracia de origen ciudadano” que se convirtió en poco tiempo en uno de los más visitados de Francia, explica con mil detalles cómo la construcción europea se hizo pensando en las grandes corporaciones y los grandes bancos y no en los ciudadanos.

 Si para salir de un agujero lo primero que hay que hacer es dejar de cavar, para salir del endeudamiento que está estrangulando a las clases medias y bajas, a nosotros: los stándars and poors, lo que hay que hacer es derogar ese artículo, auditar esa deuda por expertos independientes e impedir que nuestro sistema de financiación nacional siga pareciéndose a una catarata de dinero que va desde nuestros bolsillos a sus grandes arcas.

El nombre de «Deuda Odiosa« se refiere a la deuda contraída de modo fraudulento y con falsedad ideológica e instrumental de los hechos, en contra de los intereses de la Nación y del pueblo. El origen político de tal figura jurídica tiene más de un siglo de existencia y fue aplicada por vez primera -en su beneficio- por el gobierno norteamericano en el caso de la deuda cubana con España. Los EE.UU también declararon odiosa la Deuda de Irak tras la invasión y se negaron a pagarla.

Si es que hay una dictadura de los mercados que está empobreciendo paulatinamente a las clases medias y bajas, si es que los grandes bancos controlan la política y la financiación de las naciones, si es que esta dictadura está desmantelando el Estado del Bienestar, no sólo en este país sino en toda Europa, el Artículo 104 del Tratado de Maastricht es uno de sus más firmes guardianes y debe ser, por tanto, uno de nuestros más firmes objetivos.

Antecedentes

Hay que retroceder 80 años para situar el momento en que nace la matriz original del Artículo 104, un proyecto impulsado desde hacía ya tiempo por el lobby de banqueros y petroleros más importante de Norteamérica.

En el año 1913 fue creada en los EE.UU la Reserva Federal Americana, (la FED, por sus siglas en inglés), una corporación de bancos privados a la que, a partir de entonces, se le otorgó el poder en exclusividad de emitir e imprimir dólares, prestárselos al Gobierno de la Nación y cobrarle unos intereses, que iban a ser sufragados por los contribuyentes. Está calculado que más de la mitad de todo el IRPF que ingresan las arcas públicas de la primera potencia mundial sirve únicamente para pagar esos intereses. (ver documentales: Dinero es deuda, Debtocracy).

Fueron principalmente las Bancas Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Lazard, Kuhn/Loeb, Lehman Brothers y Goldman Sachs las que pasaron a controlar la FED, su política y sus presidentes desde entonces y prácticamente no ha cambiado hasta el día de hoy.

Justo ese mismo año de 1973, Francia se convirtió en la 1ª Nación europea en adoptar una financiación similar a la FED, en 1992, con el Artículo 104 del Tratado de Maastricht, ratificado en Lisboa con el nº 123. Desde entonces, compartimos con los ciudadanos estadounidenses el castigo de tener que pagar una deuda inmensa, que se genera de la nada y va a parar a ese puñado de multimillonarios.

El Art. 104 estaba metido entre una maraña de 13.000 folios y 2000 artículos y disposiciones que, a su vez, remiten a otros tratados y apéndices. Si alguien lo hubiera querido esconder, no lo habría hecho mejor. Verdaderamente, hay grandes motivos para ocultarlo. No debe de ser fácil explicarle a un pensionista, a un parado, a un desahuciado, a una persona dependiente, que no hay dinero para ellos porque tenemos compromisos con gente importante.

Federico Ruiz de Lobera